Desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania, varios gobiernos de Occidente tomaron acciones drásticas para ejercer presión sobre Rusia, y una de las medidas más notables ha sido el decomiso de superyates de lujo de propiedad de oligarcas rusos. Aunque el objetivo era impactar al régimen de Vladimir Putin, esta táctica ha resultado en diversos problemas legales y financieros inesperados, que incluyen altos costos de mantenimiento que deben asumir los gobiernos encargados de confiscar estos barcos.
Uno de los casos más emblemáticos es el del superyate Phi, valorado en 50 millones de dólares. Desde su incautación en Londres a principios de 2022, el lujoso barco ha permanecido varado en el muelle sur de Canary Wharf. Este yate es solo uno de los muchos que están siendo retenidos en diferentes partes del mundo. Aunque el objetivo principal de esta medida era presionar a la élite rusa y a Putin, el impacto financiero y los problemas legales relacionados con estos activos han puesto a prueba a los gobiernos involucrados.
Un acuerdo complicado
El Phi y otros yates de lujo confiscados están causando problemas no solo por los costos de su mantenimiento, sino que también han llevado a disputas legales complicadas. En cuanto al Phi, su dueño, el empresario inmobiliario ruso Serguéi Naumenko, ha entablado varias demandas en el Reino Unido para recuperar la posesión de su yate. Aunque Naumenko no ha sido objeto de sanciones por el gobierno británico y no tiene conexiones directas con el Kremlin, las autoridades han justificado la retención de sus bienes como una medida válida para incrementar la presión sobre Rusia.
El dueño del Phi continúa esforzándose para liberar su embarcación, sin embargo, mientras tanto, el superyate sigue generando millones en gastos de mantenimiento. Estos costos se añaden a los de otros superyates rusos alrededor del planeta, los cuales no solo están imponiendo una carga financiera, sino que también están impactando las relaciones diplomáticas y comerciales a nivel internacional.
El alto precio de mantener superyates
El mantenimiento de un superyate requiere una inversión considerable. Se calcula que el mantenimiento anual de un yate de lujo puede representar aproximadamente un 10% de su precio, lo que en el caso del Phi equivale a desembolsar millones cada año. Asimismo, otros superyates confiscados a oligarcas rusos, como el Sailing Yacht A en Italia o el Amadea en Estados Unidos, han acumulado costos de mantenimiento que exceden los 30 millones de dólares.
Por ejemplo, el gobierno de Italia ha desembolsado más de 30 millones de dólares desde el año 2022 para conservar el Sailing Yacht A, un lujoso yate tasado en 600 millones de dólares, cuyo dueño enfrenta sanciones. De modo similar, en Estados Unidos, las autoridades han gastado una suma considerable en la conservación del Amadea, un yate con una longitud de 106 metros, que se encuentra detenido en San Diego.
El que ciertos dueños de estos yates estén bajo sanciones ha complicado aún más el escenario. Las normativas locales les impiden a estos propietarios cubrir el mantenimiento de sus barcos, forzando a los gobiernos a hacerse responsables de este costo. En algunas situaciones, los gobiernos han evaluado la posibilidad de vender estos superyates como una medida, pero los complejos trámites legales han frenado estos esfuerzos.
La comercialización de los superyates: una solución poco clara
La subasta de superyates incautados podría ayudar a cubrir los gastos de mantenimiento y proporcionar ganancias extras para las iniciativas vinculadas al conflicto en Ucrania. No obstante, este procedimiento ha resultado ser más complicado de lo que se pensaba. En ciertos casos, como con el Royal Romance, la administración de Ucrania ha tratado de enajenar un superyate confiscado, pero se ha topado con barreras legales que todavía no se han resuelto.
El Alfa Nero, otro superyate ruso incautado en Antigua y Barbuda, es un ejemplo de cómo las tensiones sobre la propiedad pueden generar conflictos legales adicionales. Después de que el gobierno de Antigua decidiera vender el yate debido a los altos costos de mantenimiento, se desató una demanda por parte de la hija de un industrial ruso sancionado, quien asegura que el yate le pertenece. Aunque fue vendido a un multimillonario turco, la disputa legal continúa.
Estos complicados procesos de venta y la falta de una resolución clara podrían disuadir a futuros compradores de intentar adquirir estos activos. Las autoridades portuarias de diferentes países podrían negarse a reconocer la propiedad de los yates vendidos, lo que complicaría aún más el mercado de estas embarcaciones.
Un porvenir incierto
En el Reino Unido, el destino del Phi podría ser decidido por la Corte Suprema, que se pronunciará sobre su futuro este martes. Sin embargo, incluso si el superyate es liberado, el proceso de resolución para otros superyates incautados probablemente continuará durante un largo tiempo.
El futuro de estos superyates sigue siendo incierto, tanto desde el punto de vista legal como financiero. Mientras tanto, los gobiernos que retienen estas embarcaciones continúan enfrentando la carga de su mantenimiento, y la falta de una estrategia clara sobre su destino plantea dudas sobre la eficacia de estas medidas en la lucha contra el régimen de Putin.
Finalmente, aunque la incautación de superyates rusos podría verse como un gesto simbólico, las complicaciones legales y los costos relacionados han resultado ser más considerables de lo esperado. Las repercusiones de estas acciones en las relaciones internacionales y el comercio mundial aún no son claras, mientras las naciones occidentales buscan soluciones a esta cuestión y deciden cómo manejar estos lujosos bienes.
